Por Jessica Dos Santos y Ricardo Vaz
Publicado en investigaction.net, el 14 de mayo de 2023.
El pasado 25 de abril, el presidente de Colombia Gustavo Petro logró reunir a delegaciones de 20 países para la llamada “Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela” realizada en Bogotá. Marcaron presencia varios países latinoamericanos y caribeños, así como la Unión Europea y Estados Unidos.
‘Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela’, realizada en Bogotá el 25 de abril 2023.
Desde su llegada a la presidencia, Petro ha mantenido a Venezuela entre sus prioridades, restableciendo relaciones diplomáticas y comerciales, así como condenando las sanciones estadounidenses contra su nación vecina.
Sin embargo, la conferencia en Bogotá fue algo “atípica”. Para empezar, se trató de un encuentro dedicado a Venezuela sin la presencia de actores venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición. Un evento así refuerza la tesis de que la soberanía venezolana está a la merced de decisiones foráneas, aunque Petro haya ganado un cierto beneficio de la duda.
Pero más resaltante fue el hecho de que la cumbre no trajo conclusiones significativas. Efectivamente, en la rueda de prensa que cerró el evento, el canciller colombiano Álvaro Leyva esencialmente repitió los puntos establecidos previamente: la necesidad de establecer un calendario electoral, el llamado al levantamiento (gradual) de las sanciones y la importancia de restablecer el diálogo gobierno-oposición en México.
Naturalmente que la diplomacia se hace esencialmente tras las cámaras, pero no se entiende el llamado a una conferencia con bombos y platillos. ¿Sería una iniciativa de Petro para reforzar sus propias credenciales en el escenario internacional? Ciertos analistas venezolanos especularon que Washington “saboteó” los posibles avances.
Sobre los tres puntos, y empezando por el último, el gobierno venezolano (con razón) ha dicho que no tiene sentido seguir dialogando si no se cumplen los acuerdos. En noviembre del año pasado se firmó un acuerdo para liberar 3 mil millones de dólares en fondos venezolanos congelados en el extranjero. Los recursos se usarían a través de agencias de la ONU en salud, educación y reparación de infraestructuras.
No obstante, la oposición y sus aliados (que congelaron las cuentas venezolanas) no han cumplido el acuerdo. No es descabellado pensar que EE.UU. busca presionar al gobierno venezolano de todas las formas posibles.
Respecto al calendario electoral, el gobierno de Maduro ha sido bastante “tolerante” en un tema que debería ser simplemente de la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano.
La oposición venezolana, sus patrocinantes occidentales y hasta Petro han recitado la necesidad de establecer “condiciones” y asegurar la presencia de misiones de observación en el terreno. Sobre el primer punto, a pesar de las docenas de acusaciones de “fraude”, nunca nadie ha presentado cualquier prueba de vulnerabilidades en el sistema electoral venezolano. Se podrá hablar del “ventajismo” del gobierno en lo que toca a usar fondos públicos en la campaña, pero ese no es un problema exclusivo de Venezuela.
Cuanto a la observación, las autoridades venezolanas siempre han tenido la puerta abierta a misiones que no tengan la injerencia como objetivo. De hecho, la Unión Europea estuvo presente en las elecciones regionales+municipales de noviembre de 2021 y sus “recomendaciones”, aunque muy mediatizadas, eran bastante mínimas.
Un aspecto clave que la oposición busca es el levantamiento de la inhabilitación política de ciertos pre-candidatos. El gobierno, por ahora, va guardando esa carta. Entre los inhabilitados está el ex auto-proclamado “presidente interino” Juan Guaidó.
Las sanciones económicas
Por fin, el aspecto más importante: las sanciones económicas. Una vez superados los aspectos más cosméticos, la verdad es que la administración Biden ha mantenido las políticas de Trump esencialmente intactas. La economía venezolana sigue asfixiada por el bloqueo estadounidense.
Washington sigue utilizando las sanciones como un secuestrador, imponiendo un castigo colectivo a toda la población venezolana para sacar concesiones del gobierno. Además, EE.UU. sabe que necesita mantener la “presión máxima” para dificultar la vida al máximo a Maduro en las venideras elecciones presidenciales.
En paralelo, el Departamento del Tesoro ha dado luz verde para una subasta de acciones de Citgo, una empresa petrolera venezolana en EE.UU. Gracias a la complicidad de Guaidó, la empresa valorada en 8 mil millones de dólares terminará probablemente picada en pedazos para satisfacer demandas de acreedores.
En resumen, el juego sigue trancado porque Washington, aunque reconozca que las sanciones fracasaron en provocar el anhelado “cambio de régimen”, todavía no ha encontrado una nueva estrategia. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue sufriendo y resistiendo.